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La dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto a representantes de los Círculos de Lucha Popular (CLP) y Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), denunciaron el plan criminal y violento que la oposición pretende efectuar con la actividad programada para este próximo 1° de septiembre en la ciudad de Caracas.
“El 1° de septiembre la oposición del país busca la activación de un plan de orden criminal y violento que persigue generar caos y desestabilización en el país, lo único que quieren es reeditar el formato de abril de 2002 y las guarimbas de la operación que fraguaron en 2014 denominada La Salida con la que provocaron la muerte de 40 venezolanos, pero no lo vamos a permitir, ni como Gobierno, ni como pueblo, ni como vanguardia revolucionaria que somos; hoy el partido se llama la Patria”, enfatizó el jefe regional del PSUV, Julio León durante un encuentro con la militancia de la tolda y representantes del poder popular, movimientos y organizaciones sociales, en San Felipe.
El jefe de la dirección regional del PSUV aseguró, que el objetivo de la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática es acabar con la Revolución Bolivariana, “los últimos tres años de este proceso desde que asumió nuestro presidente Nicolás Maduro han incrementado las acciones de carácter desestabilizador, a través de una guerra económica basada en boicotear las acciones que hemos emprendido, precisamente para enfrentar los daños que han ocasionado de esa guerra, ellos (la oposición), han querido sabotear el trabajo que venimos haciendo con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que sólo en Yaracuy ya hemos superado las 50 mil familias atendidas cada semana”.
Ni un autobús
León de manera contundente indicó, “de Yaracuy no sale ni un autobús para Caracas, línea de transporte que conspire se le suspende el permiso, porque se trata de preservar el derecho de la vida de los venezolanos ante la intención fascista de esa derecha que sólo intenta desarrollar un plan violento”.
Exhortó a los alcaldes y organismos de seguridad a que, enmarcados en la Constitución y las leyes, erradiquen cualquier intento de desestabilización en la entidad, para garantizar el orden ciudadano.
